
En la primaria a la alcaldía de Los Ángeles de junio, los primeros resultados no coincidieron con lo que anticipaban los mercados de predicción. Dean Logan, registrador y secretario del condado con la jurisdicción electoral más poblada de Estados Unidos, contó en un webinar de la Partnership for Large Election Jurisdictions que esa diferencia derivó en sospechas y cuestionamientos sobre los procedimientos normales de escrutinio en California, procedimientos que llevan años funcionando de la misma manera. El resultado oficial terminó midiéndose contra el precio de un contrato.
Kalshi y Polymarket llevan negociados cerca de 200 millones de dólares en contratos sobre las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos, según un análisis de NBC News recogido por Votebeat. Para cualquiera que venga de una mesa de FX o de derivados listados, esa cifra es una mañana tranquila. Alcanza igual para producir un número que la prensa cita como probabilidad y que el votante lee como pronóstico, tres meses antes de que alguien vote.
El estado legal en Estados Unidos está fragmentado. Más de la mitad de los estados restringen de alguna forma las apuestas electorales, según un análisis de Pew Research de junio de 2026, aunque buena parte de esas normas es anterior a los mercados de predicción modernos y no ha sido puesta a prueba en tribunales recientemente.
Wisconsin invocó una ley del siglo XIX que impide votar en contiendas sobre las que se ha apostado, a lo que un empleado de Kalshi respondió en redes que la advertencia equivalía a supresión activa del voto. Minnesota llevó el asunto a los tribunales en julio contra ambas plataformas.
La confusión de fondo está en qué mide cada instrumento. Una encuesta trabaja sobre una muestra representativa de los votantes de ese estado o distrito. Un mercado está abierto a cualquiera con capital, sin importar dónde vote o si vota, donde el peso de cada participante sobre la probabilidad implícita depende de cuánto dinero pone. El precio que sale de ahí describe la distribución del capital dentro de ese mercado, no la intención de voto de una población.
La liquidez de mercado en estos contratos es la otra mitad del problema. Un contrato sobre una contienda local se negocia con profundidad mínima, lo que significa que una posición grande mueve el precio varios puntos sin que haya cambiado nada en el mundo real. Ese precio se publica, se cita y se compara contra el conteo oficial exactamente igual que si viniera de un libro profundo.
Jim Allen, director electoral del condado de Delaware, en Pensilvania, extendió la prohibición vigente para que los trabajadores electorales tampoco puedan tomar posiciones en mercados de predicción. Comparó la situación con árbitros que apuestan al resultado de un partido de baloncesto. Durante la capacitación, sobre 383 precintos, alguien preguntó si podía tomar una posición menor sobre la participación electoral para mantener el interés durante la jornada. La respuesta fue no.
La CFTC, que en tribunales sostiene que los contratos de eventos son derivados regulados, envió el 7 de agosto una carta a las entidades bajo su supervisión pidiéndoles que dejen de mostrar precios en formato de casa de apuestas estadounidense, porque ese formato induce a confusión sobre la naturaleza del producto y le quita al participante la lectura de la profundidad real. La confirmación de cumplimiento vence a fin de mes.
Brasil ya tomó la decisión que en Estados Unidos todavía se discute. El Consejo Monetario Nacional publicó en abril una resolución que dejó fuera del país a 27 plataformas, Kalshi y Polymarket incluidas, por operar al margen del marco de apuestas aprobado por el Congreso. Brasil vota en octubre. Los contratos sobre esa elección siguen abiertos y en mayo acumulaban cerca de 77 millones de dólares negociados, según datos de Polymarket citados por la prensa brasileña, con la particularidad de que el bloqueo alcanzó a los usuarios brasileños sin tocar el mercado.
Ahí está la parte incómoda para cualquiera que opere en la región. El precio de la elección brasileña se está formando sin brasileños adentro. Ese número va a circular en octubre igual que circuló en Los Ángeles, sin jurisdicción local que audite cómo se formó ni contraparte a quien pedirle la metodología. Alguien en el tribunal electoral va a terminar explicando por qué el conteo oficial no coincide con él.