La demanda contra Kalshi pone a prueba el escudo de la CFTC

Nueva York demandó a KalshiEX LLC este viernes ante la Corte Suprema estatal, condado de Nueva York, por operar un negocio de apuestas sin licencia bajo la apariencia de un mercado financiero. La demanda contra Kalshi llegó horas después de que el Segundo Circuito le negara la protección cautelar que la empresa venía usando como escudo desde octubre de 2025, cuando la Comisión de Juego de Nueva York le ordenó cesar operaciones. Kalshi respondió entonces demandando al regulador en la corte federal, apostando a que su registro ante la CFTC bastaba para desplazar la ley estatal.

El expediente incluye las cifras que importan. La fiscalía cita los números que la propia empresa ha hecho públicos, una valoración de 22.000 millones de dólares y un volumen anualizado de transacciones de 178.000 millones, para dimensionar lo que está en juego. No reclama una multa fija sino una contabilidad completa de cada apuesta recibida, restitución a los clientes, devolución de todas las ganancias, una penalidad equivalente al triple de esa ganancia bajo la sección 80.10 del código penal estatal y 100.000 dólares por cada oferta de apuesta deportiva no autorizada. Medios estadounidenses sitúan el reclamo compensatorio en al menos 36.000 millones de dólares, sujeto a esa contabilidad.

Debajo del argumento constitucional hay una cifra que explica el conflicto mejor que cualquier alegato. Nueva York grava a sus nueve licenciatarios de apuestas deportivas móviles con aproximadamente el 51% de los ingresos brutos. En 2024 esos operadores generaron cerca de 2.000 millones de dólares en ingreso bruto de juego, de los cuales más de 1.000 millones terminaron en impuestos estatales. Un competidor que ofrece el mismo producto sin esa carga opera con una estructura de costos que ningún licenciatario puede igualar.

La discusión legal gira alrededor de si los contratos de eventos son derivados o apuestas. Un contrato de eventos paga un dólar si el resultado se cumple y cero si no se cumple, con precios en centavos que funcionan como probabilidad implícita. La fiscalía sostiene que eso encaja en la definición de juego del código penal neoyorquino porque el desenlace depende de algo fuera del control del participante. Para documentarlo, investigadores de la oficina abrieron cuentas desde Nueva York y compraron cuatro contratos sobre un partido universitario de baloncesto por 1,14 dólares, comisión incluida. La evidencia de un caso de 36.000 millones costó un dólar con catorce centavos.

El expediente agrega un punto que cualquier director de compliance reconoce de inmediato. Kalshi permite abrir cuenta desde los 18 años, mientras Nueva York fija en 21 la edad mínima para apuestas deportivas móviles y obliga a sus licenciatarios a verificar edad, ubicación y señales de juego problemático. Esa asimetría de obligaciones describe, en la práctica, dos modelos de negocio distintos vendiendo el mismo producto.

El desenlace no depende solo de Nueva York. La jueza federal Analisa Torres resolvió el 7 de julio que la Ley de Bolsas de Materias Primas no desplaza la ley de juego estatal bajo ninguna de las tres teorías de supremacía federal disponibles. El Tercer Circuito había fallado a favor de Kalshi en abril, mientras que tribunales en Ohio y Washington llegaron a conclusiones contrarias. La propia CFTC demandó a nueve estados reclamando jurisdicción exclusiva sobre estos contratos, aunque el texto que invoca contiene una regla especial que la faculta para prohibir contratos vinculados a actividades ilegales bajo cualquier ley estatal. El Segundo Circuito todavía debe resolver el fondo, así que la demanda contra Kalshi en la corte estatal avanza sin definición federal a la vista.

América Latina resolvió esta discusión sin discutirla. El 24 de abril Anatel bloqueó 27 dominios de mercados de predicción en Brasil, incluidos Kalshi y Polymarket, el mismo día en que el Consejo Monetario Nacional aprobó la Resolución 5.298 y limitó los contratos derivados a variables económicas y financieras como tasas de interés, inflación o tipo de cambio. Argentina había bloqueado a Polymarket por vía judicial un mes antes. En la región no hay un debate de supremacía federal que sostener porque no existen dos niveles de gobierno disputándose la competencia, sino un banco central que emite una resolución y un regulador de telecomunicaciones que ejecuta el bloqueo en cuestión de días.

Para quien opera un broker o una plataforma en la región, la demanda contra Kalshi importa menos por su desenlace que por el precedente de costo que instala. Kalshi levantó una valoración de 22.000 millones sobre el supuesto de que una licencia federal funcionaba como pasaporte nacional. Ese supuesto sigue en pie en Nueva Jersey, se cayó en Nueva York, en Brasil nunca existió. La industria lleva años tratando la ambigüedad regulatoria como una ventaja competitiva temporal, sin mucho interés en modelar qué ocurre cuando esa ambigüedad se cierra hacia atrás.