Peru Blockchain Conference 2026 y el vacío regulatorio

Peru Blockchain Conference 2026 se celebra este sábado 11 de julio en el JW Marriott de Miraflores, con una noche de networking previa el viernes 10. Es la quinta edición del evento, organizado por LATAM Blockchain Events. La lista de patrocinadores principales incluye a Bitunix, MEXC, WhiteBIT, Bybit, BingX y CoinW, junto a Tether y Circle. Entre los speakers confirmados están Charles Hoskinson, fundador de Cardano, que participa de forma virtual, y Hernando de Soto, presidente del Instituto Libertad y Democracia, en persona. La organización proyecta superar los 5.000 asistentes, una cifra que no cuenta con verificación independiente.

Lo interesante no es quién habla. Es quién paga.

Los exchanges que financian el evento comparten una característica que el programa no menciona. Ninguno está domiciliado en Perú ni tiene sucursal inscrita en registros públicos peruanos. Eso los deja fuera del alcance de la norma que sí regula al sector local.

Desde agosto de 2024, la Resolución SBS 02648-2024 somete a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales a supervisión de la Unidad de Inteligencia Financiera en materia de prevención de lavado de activos. El régimen exige oficial de cumplimiento, debida diligencia sobre el cliente, monitoreo transaccional y reporte de operaciones sospechosas. Es exigente. En un punto supera al estándar del GAFI, porque mientras el organismo internacional fija el umbral de identificación en operaciones desde mil dólares, la norma peruana lo aplica a todo importe.

El problema es a quién alcanza. La regulación rige para empresas domiciliadas o constituidas en el país, y para firmas con sucursal local inscrita. Las plataformas que operan en el mercado peruano sin ninguna de esas condiciones quedan afuera. Buda, Buenbit y AgenteBTC cumplen. Binance y Coinbase, no. Tampoco los exchanges que ponen su marca en el escenario de Lima este fin de semana.

La SBS estima que cerca de un millón de peruanos tiene exposición a criptoactivos. La mayor parte de ese volumen no pasa por plataformas locales. Pasa por exchanges globales que compiten agresivamente por captación en la región, y que pueden hacerlo con una estructura de costos que no incluye la carga de compliance que sí pesa sobre sus competidores peruanos.

Esa asimetría no es un accidente del mercado. Es el resultado directo de cómo se escribió la norma.

El contexto empeora el cuadro. La Ley Marco para la Comercialización de Criptoactivos lleva años en el Congreso. Durante 2025 fue devuelta a comisión, sin consenso sobre la naturaleza jurídica de los criptoactivos ni sobre qué autoridad debería supervisarlos de forma integral, si la SBS o la SMV. Perú no tiene régimen de licencias. Tiene un régimen antilavado que aplica a quien decide establecerse formalmente, lo que en la práctica convierte la formalización en una desventaja competitiva.

Las disposiciones de la Travel Rule entran en vigor alrededor de agosto de 2026. Un mes después de este evento. La regla obliga a transmitir información del originante y del beneficiario en las transferencias de activos virtuales. Alcanza, otra vez, a los mismos sujetos obligados. Los mismos que ya cumplen.

Para quien opera un exchange o una fintech de activos virtuales en Perú, el cálculo es incómodo. Establecerse localmente significa asumir el costo completo del SPLAFT, contratar oficial de cumplimiento, montar monitoreo transaccional, y competir contra plataformas que captan a los mismos usuarios sin ninguna de esas obligaciones. Es el tipo de arbitraje regulatorio que la industria conoce bien, aunque rara vez lo discute en un panel.

El evento tiene entre sus temas anunciados la regulación y los avances normativos en gobiernos. Vale la pena ver cómo se aborda ese punto cuando quienes financian la conversación son precisamente las firmas que la regulación vigente no alcanza. La pregunta que queda no es si Perú va a cerrar el vacío, es qué hacen mientras tanto los que decidieron cumplir.