El Senado frena el CLARITY Act por sus reglas éticas

El Senado de Estados Unidos rechazó el 15 de septiembre la moción para empezar a debatir el CLARITY Act, el proyecto que iba a ordenar la regulación cripto en Estados Unidos, con 49 votos a favor y 50 en contra cuando el reglamento exigía 60. La votación no aprobaba ninguna ley, solo habilitaba el debate en el pleno, aunque el resultado deja congelada la iniciativa a siete semanas de las elecciones de medio término y sin fecha para un segundo intento.

El texto del CLARITY Act que llegó al Senado lo había aprobado la Cámara de Representantes en julio de 2025 por 294 votos contra 134. Reparte la supervisión de los activos digitales entre la SEC y la CFTC, extiende a los intermediarios cripto las obligaciones contra el lavado de dinero que ya cumplen los bancos y se apoya en el marco de stablecoins que fijó la GENIUS Act ese mismo año.

Los republicanos, que controlan 53 escaños, presentaron el domingo anterior a la votación una versión revisada con nuevas restricciones éticas y más de un centenar de cambios pedidos por la oposición, según la oficina de la senadora Cynthia Lummis. Ningún demócrata votó a favor, mientras que cuatro republicanos se sumaron al no, uno de ellos por razones de procedimiento, para dejar abierta la posibilidad de pedir una reconsideración.

La senadora demócrata Elissa Slotkin sostuvo en un comunicado que las reglas éticas del proyecto se quedaban cortas frente a las ganancias que, según ella, el presidente Trump, sus hijos y su gabinete obtienen en el sector cripto, además de cuestionar si la CFTC tiene personal para aplicar la ley. Lummis, por su parte, responsabilizó a los demócratas de abandonar más de un año de negociación.

El reparto de competencias entre la SEC y la CFTC, la discusión técnica que exchanges y brokers con producto cripto llevaban años pidiendo resolver, había dejado de ser el obstáculo bastante antes del martes. La CLARITY Act se frenó por un conflicto político que ningún departamento de compliance puede mitigar con un procedimiento interno, que es justamente el tipo de riesgo que un operador no sabe cómo meter en un presupuesto.

Sin ley, la SEC y la CFTC seguirán avanzando por la vía de la reglamentación, que es más rápida y bastante más frágil, porque lo que escribe una agencia lo puede reescribir la siguiente administración sin pasar por el Congreso. Las stablecoins quedan fuera de esa incertidumbre, ya que la GENIUS Act es ley vigente desde 2025 y su implementación sigue su curso con independencia de lo que ocurrió el martes.

Brasil, en cambio, tiene ley propia desde diciembre de 2022 y reglas del Banco Central en vigor desde el 2 de febrero de este año. Las Resoluciones 519, 520 y 521 obligan a las prestadoras de servicios de activos virtuales que ya operaban en el país a pedir autorización antes del 30 de octubre, con permiso para seguir funcionando durante el análisis siempre que no amplíen su actividad, mientras que quien no presente la solicitud tendrá 30 días para cerrar.

En el caso brasileño las stablecoins son el centro del asunto, porque el presidente del Banco Central, Gabriel Galípolo, estimó a comienzos de 2025 que cerca del 90% del flujo cripto del país está ligado a ellas, usadas sobre todo para compras y pagos en el exterior. A partir del 1 de octubre, además, las empresas de cambio electrónico ya no podrán liquidar pagos internacionales con criptoactivos.

Las plataformas globales que atienden a la región ya están ordenando su operación según el calendario que fija Brasilia, como muestra Bybit con la migración de sus usuarios brasileños a una entidad local habilitada solo para spot. En El Salvador, el registro de proveedores de la Comisión Nacional de Activos Digitales pasó de 22 inscritos en julio de 2024 a casi 90 en junio de 2026.

Un broker con producto cripto que opera en Brasil tiene hoy una fecha que manda sobre su planificación, el 30 de octubre, que no depende de ningún senador. Cada autorización que otorgue el Banco Central en los próximos meses, sin embargo, va a apoyarse en stablecoins, custodios y contrapartes estadounidenses cuyo marco puede volver a cambiar cuando el próximo Congreso decida si retoma un texto que tardó años en escribirse o prefiere empezar uno nuevo.