El Senado de EE.UU. aplaza el CLARITY Act a septiembre

El Senado de Estados Unidos se fue de receso sin votar el CLARITY Act, su ley de estructura de mercado para activos digitales. Con eso, el tratamiento regulatorio de las criptomonedas en ese país sigue apoyado en un documento administrativo y no en una ley, que es exactamente lo que la industria llevaba más de un año pidiendo cambiar.

Ese documento tiene fecha y autor. El 17 de marzo, la SEC y la CFTC publicaron una interpretación conjunta que ordena los criptoactivos en cinco categorías (commodities digitales, coleccionables digitales, herramientas digitales, stablecoins y valores digitales) e identifica 18 criptomonedas como ejemplos de la primera, es decir, activos que no son valores.

Es la definición más clara que ha dado la regulación cripto en Estados Unidos en una década. También es una interpretación y no una ley. Obliga a las dos agencias mientras ellas la sostengan, aunque una administración futura puede modificarla o retirarla sin que nadie vote nada en el Congreso.

Lo que pasó en el Senado es rápido de contar. John Thune, líder de la mayoría republicana, prometió el 3 de agosto que habría votación antes del receso. Dos días después dejó pasar el plazo para presentar la moción que abre el debate sobre el CLARITY Act y en su lugar presentó la moción equivalente para un proyecto sobre deporte universitario. El jueves confirmó por medio de un vocero que la votación queda para septiembre.

El Senado vuelve el día 14 y tiene alrededor de tres semanas de trabajo real antes de que la campaña de las elecciones de medio término, previstas para el 3 de noviembre, se coma el calendario. Si Thune presenta la moción antes de irse este mes, la primera votación puede ocurrir el martes 15. Si la presenta al regreso, se corre un día. Al cierre de esta edición todavía no la había presentado.

El proyecto necesita 60 votos. Los republicanos tienen 53 escaños, de modo que hacen falta unos siete demócratas que hasta ahora no aparecen.

Los frenan dos asuntos. Uno es el capítulo de ética, vinculado a las declaraciones de unos 1.400 millones de dólares en ingresos de 2025 provenientes de los negocios cripto de Donald Trump. El otro es si las plataformas de stablecoins pueden pagar rendimiento sobre los saldos de sus clientes. La Casa Blanca seguía negociando el texto de ética dos días antes de que la cámara se fuera.

Los pronósticos se movieron enseguida. Galaxy Research bajó su probabilidad estimada de aprobación del CLARITY Act en 2026 del 50% al 30%, mientras los contratos de Kalshi sobre su entrada en vigor antes de julio de 2027 cayeron ocho puntos porcentuales en un solo día, hasta el 41%.

El contraste con la región es incómodo. Los reguladores estadounidenses explicaron cómo interpretan la ley, mientras que el Banco Central de Brasil directamente escribió una obligación.

Desde el 2 de febrero de este año, cualquier plataforma que quiera ofrecer servicios con criptoactivos a clientes brasileños necesita licencia. El plazo para pedirla vence el 30 de octubre. El patrimonio mínimo exigido va de 10,8 a 37,2 millones de reales según la actividad, algo así como entre 2 y 7 millones de dólares. Las que están constituidas fuera de Brasil tienen que pasar sus operaciones y sus cuentas a una entidad autorizada localmente antes de esa misma fecha. El monto exigido es discutible. Lo que no se discute es que la regla existe.

Para un broker latinoamericano o español que está armando producto para el mercado estadounidense, la lectura práctica es corta. Todo lo que sostiene hoy el marco legal puede desaparecer sin una votación.

Eso cambia el diseño del producto, el presupuesto de compliance y las fechas que se le prometen a un inversionista, porque un equipo legal serio tiene que trabajar también con el escenario en que la interpretación se retira.

Esta industria suele tratar la incertidumbre regulatoria como algo que se resuelve esperando. Hasta ahora le ha salido más o menos bien. Mientras tanto, en más de un consejo de administración hay un plan de producto para 2027 construido sobre una ley que todavía no existe, aprobado por gente que nunca vio la palabra interpretación en el memorando legal.