El CLARITY Act avanza en el Senado sin los votos asegurados

El CLARITY Act volvió a moverse en Washington, aunque el movimiento tiene menos que ver con la regulación de activos digitales que con quién puede sancionar a quién. La Casa Blanca cerró un acuerdo sobre las cláusulas de ética que habían bloqueado el proyecto durante meses y circuló el texto entre senadores republicanos el 20 de julio. El miércoles se publicó la versión actualizada, 616 páginas. El acuerdo bipartidista todavía no existe.

El punto que trababa todo era el conflicto de interés del presidente. La Sección 13152 prohíbe que el presidente, el vicepresidente, los miembros del Congreso, los jueces federales y sus cónyuges emitan o patrocinen activos digitales a cambio de una contraprestación mientras ocupen el cargo, con una excepción para quienes coloquen posiciones previas en fideicomisos ciegos o las liquiden. Trump firmó reglas escritas contra su propio negocio cripto.

Las objeciones demócratas llegaron el mismo día. La cláusula expira el 20 de enero de 2029, los reguladores tienen un año completo desde la promulgación para implementarla y la aplicación queda exclusivamente en manos del Departamento de Justicia, sin participación de los fiscales generales estatales. La senadora Angela Alsobrooks calificó esa oferta de aplicación como poco seria, dado que el Departamento reporta directamente al presidente al que la norma pretende limitar.

La aritmética es la parte que importa. El Senado tiene 53 republicanos y se necesitan 60 votos para cerrar el debate y llevar el proyecto al pleno. Con Josh Hawley y Rand Paul dados por perdidos, quedan al menos siete demócratas por conseguir. Solo dos, Ruben Gallego y Angela Alsobrooks, votaron a favor en el Comité Bancario el 14 de mayo, cuando el texto avanzó 15 a 9. El receso empieza el 7 de agosto.

Los mercados de predicción reflejan esa distancia mejor que los comunicados oficiales. La probabilidad de aprobación en 2026 tocó cerca del 48% el martes y cayó al 38% el jueves por la mañana, justo después de que se publicara el texto que supuestamente destrababa todo.

El CLARITY Act reparte la competencia sobre activos digitales entre la SEC y la CFTC, distingue qué se considera commodity digital y qué se considera valor y fija obligaciones de registro y divulgación para exchanges, custodios e intermediarios. Es la estructura de mercado de activos digitales que la industria viene pidiendo desde que la Cámara de Representantes aprobó el proyecto en julio de 2025 por 294 votos contra 134. Trece meses después, el Senado sigue negociando quién firma una cláusula.

Mientras tanto, en la región el calendario ya corrió. Brasil puso en vigor el 2 de febrero las Resoluciones 519, 520 y 521 del Banco Central, que crearon la figura de la SPSAV y obligan a exchanges, custodios e intermediarios a obtener autorización previa para operar. Desde el 1 de junio se exige un informe de auditoría independiente para solicitar o renovar la licencia, mientras que las empresas que ya estaban en el mercado tienen plazo hasta octubre de 2026 para adecuarse. La Unión Europea completó la aplicación de MiCA en los 27 estados miembros el 1 de julio.

Esa secuencia importa para cualquier operador latinoamericano que haya construido su plan de expansión asumiendo que Estados Unidos definiría el estándar y el resto de las jurisdicciones lo copiarían. Un broker o una fintech con operación en São Paulo ya contrató auditoría, revisó su estructura de custodia y reescribió contratos de clientes. Los mismos equipos, para su exposición al mercado estadounidense, todavía trabajan sobre supuestos.

El cumplimiento cripto en América Latina dejó de ser un ejercicio de anticipación y pasó a ser una partida presupuestaria con fecha de vencimiento. La regulación cripto en Estados Unidos, con el CLARITY Act todavía sin fecha de votación en el pleno, sigue siendo una expectativa que se renegocia cada quince días. Esa asimetría se paga en decisiones de producto, en contratos de custodia y en la velocidad con la que una mesa puede lanzar un instrumento nuevo sin consultar a tres abogados.

La industria lleva dos años argumentando que la falta de reglas frena la adopción institucional. Brasil ya las tiene, aunque lo primero que produjeron fue una factura de cumplimiento que los operadores medianos todavía están calculando. En Washington la discusión sigue siendo quién firma la cláusula de ética. Lo que cuesta cumplirla no lo está preguntando nadie.