Argentina apunta a la regulación de criptomonedas en el juego

La regulación de criptomonedas en Argentina dejó de ser una conversación sobre activos digitales para convertirse en una herramienta de control sobre el juego en línea. El gobierno presentó ante el Congreso un proyecto de ley para la prevención de la ludopatía y la regulación del juego en línea que, según el anuncio del Ministerio de Salud, no apunta solo a los operadores y sus sitios web, sino a la infraestructura financiera que los mantiene funcionando.

Ahí está el cambio de fondo. En lugar de perseguir plataformas una por una, el proyecto va contra los rieles de pago que les permiten recibir dinero. Bancos, proveedores de pagos y proveedores de servicios de criptoactivos quedarían prohibidos de ofrecer sus servicios a operadores de juego sin autorización local. La idea es simple de enunciar y compleja de ejecutar, cortar el acceso al dinero antes que cortar el acceso al sitio.

Para los bancos, la carga adicional es incómoda pero manejable, otra capa de monitoreo de transacciones atada al estado de habilitación de cada operador. Para los proveedores cripto, el problema es de otra naturaleza. Una plataforma de apuestas sin autorización puede mover fondos a través de wallets, procesadores de terceros o entidades offshore difíciles de clasificar en tiempo real, lo que obliga a los intermediarios a reforzar sus herramientas de monitoreo, ajustar el onboarding de comercios y definir procedimientos claros para bloquear transferencias vinculadas a la actividad de apuestas.

El proyecto no llega en el vacío. En marzo de este año, la Justicia porteña ordenó el bloqueo total de Polymarket en todo el territorio argentino, una medida dictada por el Juzgado PCyF 31 a cargo de la jueza Susana Parada, ejecutada a través de ENACOM e impulsada por la denuncia de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar. La investigación concluyó que la plataforma operaba como un sistema de apuestas online encubierto bajo la etiqueta de mercados de predicción.

Ese precedente importa porque define cómo las autoridades argentinas leen a este tipo de plataformas. Los mercados de predicción permiten operar sobre el resultado de eventos políticos, económicos o deportivos, y sus defensores los describen como mercados de información. Los reguladores de varias jurisdicciones los ven de otra forma, como apuestas sin licencia. El nuevo proyecto amplía esa presión, porque si los intermediarios financieros procesan flujos vinculados a estas plataformas, también quedan dentro del perímetro de fiscalización.

Para los operadores de mercados de predicción, el riesgo central es la clasificación. Si el regulador trata los contratos de eventos como productos de apuestas y no como instrumentos financieros, el acceso a usuarios, pagos y publicidad pasa a depender de licencias de juego, no de los marcos de compliance cripto o fintech sobre los que muchas de estas firmas construyeron su operación.

El patrón que asoma acá excede a Argentina. Cada vez más gobiernos usan el acceso a los pagos como mecanismo de control, en lugar de limitarse a bloquear sitios o sancionar operadores. Colombia ya había restringido a Polymarket antes que Argentina, y la lógica se repite, el punto de presión deja de ser la plataforma y pasa a ser el riel que la financia.

El impacto sobre el usuario sería directo. El residente argentino que deposita en un sitio de apuestas offshore con depósitos cripto o transferencias bancarias podría encontrarse con más transacciones fallidas o accesos bloqueados a medida que los intermediarios ajustan controles. Los operadores sin habilitación local tendrían que cambiar de socios de pago, buscar licencia o reducir su exposición al mercado argentino.

Hay algo que vale la pena nombrar para cualquiera que opere infraestructura en la región. La industria del trading y los criptoactivos lleva años construyendo marcos de compliance pensados para responder quién es el cliente. Argentina está empujando una pregunta distinta, hacia dónde va el dinero del cliente. Los operadores con exposición material tendrán que sumar capacidad de monitoreo on-chain antes de que el debate técnico se acelere.