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El senador Tim Scott, presidente del Comité Bancario del Senado, anunció el aplazamiento de la sesión de votación (conocida como markup) del proyecto de ley de estructura del mercado cripto, la Ley CLARITY. Esta decisión, tomada el miércoles 14 de enero de 2026, responde a una presión sin precedentes y a un intenso cabildeo por parte de las industrias bancaria y criptográfica.
El núcleo de la tensión reside en el impacto que las stablecoins podrían tener sobre el sistema bancario tradicional. Durante una llamada de resultados el 15 de enero, el CEO de Bank of America, Brian Moynihan, lanzó una advertencia sombría basada en estudios del Tesoro de EE. UU.: hasta 6 billones de dólares en depósitos podrían migrar hacia las stablecoins.
Moynihan argumentó que esta fuga representa entre el 30% y el 35% de los depósitos comerciales totales del país, lo que socavaría la capacidad de los bancos para emitir créditos a hogares y empresas. Según el ejecutivo, las stablecoins "se asemejan a los fondos mutuos del mercado monetario" porque sus reservas se mantienen en instrumentos a corto plazo como letras del Tesoro, en lugar de ser recicladas en la economía a través de préstamos tradicionales.
Por su parte, el sector criptográfico ha retirado su respaldo al borrador actual de la Ley CLARITY debido a las restricciones impuestas a los rendimientos de estos activos. El borrador presentado el 9 de enero incluye disposiciones que prohíben a los proveedores de servicios pagar intereses o rendimientos a los usuarios por el simple hecho de mantener stablecoins.
El CEO de Coinbase, Brian Armstrong, fue tajante al retirar el apoyo de la plataforma:
• Afirmó que el proyecto de ley busca "matar las recompensas en las stablecoins".
• Sostuvo que no se puede permitir que los bancos eliminen a su competencia a expensas de los consumidores estadounidenses, quienes tienen el derecho de obtener mayores rendimientos por su dinero.
Aunque la legislación propuesta permite "recompensas basadas en actividades", como el staking o la provisión de liquidez, la prohibición de intereses directos es vista como una barrera crítica para la adopción masiva.
La magnitud del conflicto se refleja en las más de 70 enmiendas presentadas antes de la sesión de votación. Además de la disputa comercial, existen preocupaciones sobre la privacidad; un informe de Galaxy Research advirtió que la ley podría representar la mayor expansión de la vigilancia financiera desde la Ley PATRIOT, otorgando poderes extraordinarios al Tesoro sobre las transacciones digitales.
A pesar de la suspensión, el senador Scott ha declarado que todas las partes involucradas permanecen en la mesa de negociación trabajando "de buena fe" para resolver estas diferencias. Mientras tanto, analistas de firmas como OKX sugieren que la tecnología simplemente está exponiendo la brecha de rendimiento que los bancos tradicionales no han querido cerrar.
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