El CLARITY Act llega al Senado con 18 fiscales en contra

El Senado de Estados Unidos vota este martes si abre el debate sobre el CLARITY Act, el proyecto que definiría de una vez cuándo un activo digital responde ante la SEC y cuándo ante la CFTC. Un día antes de esa votación, dieciocho fiscales generales estatales le escribieron al Congreso para pedirle que revise el texto o lo rechace, en una carta encabezada por Letitia James, fiscal general de Nueva York. La coalición no discute la necesidad de un marco federal, discute quién conserva la facultad de perseguir el fraude una vez que ese marco exista.

Toda la disputa cabe en una cláusula del texto, la que permitiría a la SEC desplazar a las autoridades estatales de registro. Según la coalición, ese poder no quedaría acotado a los activos digitales, porque le daría al regulador federal discreción para redefinir el alcance de la preeminencia federal sobre el régimen estatal de valores completo. Firmaron fiscales de dieciocho jurisdicciones, entre ellas Arizona, California, Kansas, Ohio y el Distrito de Columbia, un reparto partidario que en el Washington actual es un dato por sí mismo.

Los números que sostienen el reclamo vienen de dos lados, del trabajo de los propios estados y de las estadísticas federales de fraude. Desde 2017 los estados presentaron más de 330 acciones contra el fraude en el ecosistema cripto, buena parte en casos donde la víctima no tenía recurso federal ni privado disponible. El FBI registró 11.400 millones de dólares en pérdidas por denuncias vinculadas a criptomonedas durante 2025, un 22% más que el año anterior, mientras la Comisión Federal de Comercio contabilizó 1.780 millones.

La concesión que los republicanos incorporaron el domingo apunta a otro lugar, después de que Donald Trump aceptara buena parte de la propuesta de ética armada por los senadores Thom Tillis y Ruben Gallego. El borrador actualizado les da a los fiscales estatales un papel en la aplicación de las restricciones por conflicto de interés sobre funcionarios públicos, además de la posibilidad de demandar a un exchange que liste un activo prohibido por la ley. Eso los convierte en ejecutores de la norma federal, que no es lo mismo que conservar la propia.

La votación de hoy tampoco resuelve nada de fondo, porque lo que se somete al pleno es una moción de procedimiento para clausurar el debate previo y habilitar el tratamiento del proyecto, un paso que exige 60 votos sobre los 100 del Senado. Los republicanos necesitan al menos siete votos demócratas o independientes sobre sus 53 bancas. Si el proyecto supera ese filtro, quedan las enmiendas, la votación final y la conciliación con la versión que la Cámara aprobó en julio de 2025 por 294 contra 134. Si no lo supera, la regulación cripto en Estados Unidos sigue apoyada en reglas de agencia y en precedentes judiciales.

Para quien opera una plataforma de activos digitales, la preeminencia federal no es un debate constitucional sino una línea de presupuesto. La BitLicense de Nueva York cuesta 5.000 dólares de solicitud, exige una fianza mínima de 500.000 dólares y suele tomar más de un año de revisión, sin contar las licencias de transmisión de dinero del resto de las jurisdicciones. Un régimen federal único borra ese mapa, que es lo que la industria quiere y lo que los fiscales leen como la eliminación de la primera línea de defensa. Las dos lecturas son correctas, lo que las separa es quién asume el costo.

América Latina resolvió ese mismo problema en la dirección contraria y casi sin discusión pública. Brasil cerró su marco con las resoluciones 519, 520 y 521 del Banco Central, vigentes desde el 2 de febrero de 2026, que someten a las prestadoras de servicios de activos virtuales a un proceso de autorización equivalente al de cualquier institución financiera, con la prohibición, desde el 30 de octubre, de que una institución autorizada intermedie operaciones para una prestadora que no lo esté. Argentina concentró la función en la Comisión Nacional de Valores bajo la Ley 27.739, con un registro único y requisitos de patrimonio, custodia y ciberseguridad.

El resultado de ese diseño es una sola puerta y también un solo presupuesto, porque cuando el regulador único no llega al caso no hay una segunda instancia que lo levante. En la región no existen 330 acciones estatales que alguien pueda acusar de duplicadas. La industria local suele tratar estas votaciones como noticia extranjera hasta que reaparecen convertidas en un requisito de cumplimiento normativo dos años después. Lo que se define hoy en Washington es el texto que los reguladores de la región van a tener sobre el escritorio cuando revisen el suyo, porque ninguno escribe desde cero, así que falta ver cuál de las dos versiones terminan copiando, y a quién llama el cliente de Bogotá o de São Paulo que perdió su dinero cuando la única puerta disponible ya estaba ocupada.