TabTrade obtiene la licencia de Mauricio en 12 días

TabTrade obtuvo la licencia de Mauricio para su entidad TabTrade (Mauritius) Ltd el 2 de julio, cuatro meses después de empezar a operar a través de una sociedad registrada en Santa Lucía. La Financial Services Commission emitió la autorización bajo la sección 29 de la Securities Act 2005, con número GB26206419 y clasificación SEC-2.1B, la categoría de Investment Dealer que permite actuar como intermediario en la ejecución de operaciones, negociar por cuenta propia, dar asesoría accesoria a la actividad principal y gestionar carteras de clientes. El mismo día el regulador otorgó una Global Business Licence.

Benjamin Boulter, fundador y director ejecutivo, dijo que el trámite tomó doce días desde la presentación hasta la aprobación. Los criterios de licenciamiento publicados por la FSC piden un capital mínimo declarado y no menoscabado de un millón de rupias mauricianas, alrededor de 22.000 dólares, con 750 dólares de tarifa de procesamiento y 2.500 anuales. Doce días y 22.000 dólares. Para una industria que habla de las barreras regulatorias como si fueran infranqueables, la cifra ordena bastante bien las prioridades.

El régimen no es decorativo. La licencia de Mauricio obliga a mantener los fondos de clientes separados de los propios y a destinarlos solo al fin declarado, con reevaluación anual del marco contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Los criterios de la FSC también exigen oficial de cumplimiento, MLRO y adjunto, plan de continuidad operativa, seguro de indemnización profesional y detalle de la infraestructura tecnológica. Es supervisión real, aunque liviana frente a lo que pide la FCA o CySEC.

La documentación pública del broker todavía apunta hacia otro lado. El Product Disclosure Statement fechado el 16 de junio identifica a TabTrade Ltd, en Santa Lucía, como emisor de sus productos de forex con margen y CFD y sostiene que esa compañía está registrada y regulada por la Financial Services Regulatory Authority de ese país. Los Terms and Conditions nombran a la misma entidad y establecen que el dinero de los clientes se rige por las reglas santalucenses y que las disputas se resuelven bajo esa ley.

La FSRA describe su papel de otra manera. En su informe anual 2023/24 relata que durante el primer trimestre de 2023 detectó International Business Companies dedicadas a actividades de forex que no están contempladas en el marco legal del país. Ante eso decidió publicar avisos aclarando que no regula ni licencia a proveedores de servicios de brokers de forex, contratos por diferencia ni actividades similares. Al cierre de ese año había 3.504 IBC constituidas en la isla.

Una empresa puede estar registrada en una jurisdicción sin estar regulada en ella. La industria de CFD lleva años difuminando esa distinción en su material comercial, con la confianza razonable de que casi nadie abre los anexos legales antes de depositar.

Para quien opera en América Latina lo que importa es el alcance real del sello. Los criterios de la FSC exigen al solicitante un compromiso expreso de obtener las autorizaciones necesarias en las jurisdicciones donde pretenda operar, de modo que una licencia de Mauricio no habilita por sí sola la captación de clientes en la región. En Brasil la CVM viene emitiendo actos declaratorios contra plataformas de forex y CFDs que ofrecen intermediación a residentes sin registro local. Ese es el escenario en el que un IB descubre que el broker offshore que promociona no tiene dónde apoyarse cuando llega el reclamo.

El producto es el habitual del segmento. La cuenta Edge ofrece spreads desde 0,0 pips con comisión fija de 3,50 dólares por lote y por lado, sobre forex, índices, materias primas, metales y acciones en MetaTrader 5, con ejecución desde el centro de datos LD5 de Equinix en Londres. Según la tabla que publica el propio broker, Datalyst midió un promedio de 0,04 pips en los principales pares, con 0,02 pips en AUD/USD. El depósito mínimo anunciado es cero y el apalancamiento máximo llega a 1000 a 1.

Boulter dijo que buscaba un regulador con un registro público que cualquiera pueda consultar. El registro existe y el número de licencia también. La contraparte contractual del cliente sigue siendo, por ahora, la sociedad santalucense, en un país cuyo regulador publicó avisos para aclarar que esta actividad no le corresponde. Cuál de las dos entidades responde cuando un cliente reclama es algo que todavía no está escrito en ningún documento público.