La CFTC demanda a Cash FX por un esquema Ponzi de forex

La CFTC demandó el 24 de septiembre a Cash FX Group, una sociedad constituida en Panamá, a su CEO Huascar José López Castillo y a otros tres demandados por operar un esquema Ponzi de marketing multinivel que captó más de 950 millones de dólares entre 2019 y 2023. Según el expediente, presentado ante un tribunal federal de Florida, cerca del 81% de los participantes perdió dinero, con pérdidas netas de al menos 406 millones, mientras que menos del 1% de los fondos llegó a operarse en el mercado de divisas.

La propuesta comercial era un fondo común de forex, lo que la regulación estadounidense llama commodity pool, manejado por traders profesionales, bots propios e inteligencia artificial, con rendimientos prometidos de hasta 15% semanal. Los participantes compraban contratos de entre 300 y 100.000 dólares, de los cuales el 70% iría al trading y el 30% a una academia, además de cobrar comisiones por cada persona que reclutaban. El dinero entraba en bitcoin, muchas veces directo a billeteras personales del CEO, que según la demanda retuvo al menos 96 millones de dólares.

La plataforma la construyó The Conversion Pros, una empresa de Nevada especializada en software para redes de marketing multinivel, que cobraba una tarifa mensual por cada participante activo y cuyo CEO, Ronald Pope, promocionaba a Cash FX en videos. Desde ese back office, López cargaba a mano la rentabilidad diaria del fondo, a veces con diez días de anticipación, de modo que entre julio de 2019 y julio de 2023 el sistema no registró un solo día negativo. Cuatro años operando divisas sin una jornada en rojo, frente a cientos de miles de cuentas que recibían ese número todas las semanas.

López ocupaba la cima de la pirámide, con Pope inmediatamente debajo y con Justin Halladay, un promotor de Florida con amplia audiencia en redes, en el escalón siguiente, lo que les acreditaba ingresos sobre casi todas las más de 400.000 cuentas del esquema. La CFTC atribuye a Pope y a su empresa al menos 15,4 millones de dólares y a Halladay al menos 16 millones, sin que ninguno de los tres estuviera registrado ante el regulador.

Cash FX nació en Ciudad de Panamá en mayo de 2018, lanzó el negocio con un evento de tres días en un hotel de la capital en noviembre de 2019 e inauguró oficinas en el país en septiembre de 2021. Esa inauguración llegó un año después de que la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá advirtiera al público, el 1 de septiembre de 2020, que la sociedad no tenía licencia para intermediar forex ni para asesorar inversiones.

La advertencia panameña fue una de las alertas regulatorias que, según la demanda, emitieron autoridades de al menos 19 países, empezando por la FCA británica en diciembre de 2019. Ninguna frenó la captación. En los chats citados en el expediente, Pope le preguntaba a López qué responder sobre el aviso británico, mientras López hablaba de pagarle a una agencia de relaciones públicas para enterrar las críticas en internet. La sociedad inició su liquidación en Panamá en octubre de 2022 y aun así siguió aceptando depósitos hasta mayo de 2023.

De los 950 millones captados, apenas 27 millones vinieron de residentes en Estados Unidos, repartidos en unas 6.000 cuentas, lo que deja más del 97% del dinero fuera del país del regulador que terminó actuando. La demanda no desglosa ese resto por país, aunque sí ubica el centro de la operación en una sociedad panameña, con oficinas en Panamá y un CEO que vivía en República Dominicana y hoy reside en Brasil.

Academia de trading, bots, inteligencia artificial y un broker con licencia citado como contraparte, que después negó cualquier vínculo con Cash FX, son las mismas piezas con las que un broker regulado presenta su oferta al cliente latinoamericano. Un esquema Ponzi que capta casi mil millones de dólares con ese vocabulario deja un costo que no figura en los 406 millones de pérdidas, porque se traslada al escepticismo con que ese cliente escucha la siguiente propuesta legítima y termina pagándose en costo de adquisición.

La CFTC pide restitución, sanciones civiles y la prohibición permanente de operar para los cinco demandados, aunque el tribunal todavía no se pronunció sobre las acusaciones. Con siete años desde el primer depósito, el demandado principal radicado en Brasil y un dinero que entró y salió en bitcoin, queda por ver cuánto de esa restitución llega alguna vez a las cuentas de fuera de Estados Unidos, que son casi todas las del esquema Ponzi.