Pepperstone: AU$97M por un error en el contrato de venta

En la industria del corretaje, las transacciones de capital raramente llegan a los titulares. Cuando lo hacen, generalmente es porque algo salió muy mal. El caso que involucra a los accionistas mayoritarios de Pepperstone y a su anterior propietario acaba de concluir una primera instancia con una condena de AU$96,9 millones (más intereses) que tiene su origen en un contrato que, según una de las partes, nunca reflejó lo que realmente se había acordado.

El origen de la operación

La historia comienza en 2016, cuando Champ Private Equity (actualmente rebautizada como CPE Capital) adquirió una participación mayoritaria en Pepperstone, el broker de CFDs con sede en Melbourne, por AU$90 millones. Fiona Lock, quien trabajaba en Champ en ese momento, formó parte de esa transacción desde adentro.

Dos años después, en 2018, Champ decidió salir de la inversión. Lock optó por comprarle la participación del 60% a la firma. Para financiar esa operación, tomó un préstamo de AU$150 millones de la misma Champ, con un plazo de hasta cinco años y con intereses. El monto total a pagar (capital más intereses) ascendía a AU$211,6 millones, que serían cancelados con los dividendos generados por Pepperstone.

Lock cumplió con esa obligación en cuatro años, un año antes del plazo máximo.

El punto de quiebre: ¿qué decía el contrato?

Aquí es donde la disputa cobra vida propia. Según Champ, el acuerdo de venta incluía una cláusula adicional: una vez cancelado el préstamo, Lock debía compartir con la firma los beneficios de Pepperstone que superaran los AU$25 millones anuales, durante cuatro años. En esencia, Champ afirma que acordó participar en las ganancias futuras como parte del precio de salida.

El problema es que el contrato efectivamente redactado no recogía esa intención de la misma forma. Los documentos establecían que el reparto de utilidades solo aplicaría después de cancelar el préstamo de AU$211,6 millones y únicamente sobre ganancias superiores a AU$25 millones. Champ argumentó que sus propios abogados cometieron errores al redactar los contratos y que lo plasmado no coincidía con lo que ambas partes habían acordado verbalmente.

Lock, por su parte, sostuvo que el contrato escrito era el correcto, que los términos estaban claramente detallados en el acuerdo de participación accionaria, y que si Champ consideró que el documento tenía errores en el momento de firmarlo, era su responsabilidad haberlos señalado antes de suscribirlo.

El fallo y lo que viene

El tribunal australiano falló en favor de Champ en septiembre de 2025. La condena final emitida en marzo de 2026 ordena a FX Group Holdings, la sociedad de Lock, que incluye también al CEO de Pepperstone, Tamas Szabo, y al ex director Andrew Defina como accionistas, a pagar AU$96,9 millones más intereses. FX Group ya había abonado más de AU$77 millones a Champ en diciembre de 2025 como parte del proceso.

En diciembre se presentó un recurso de apelación, que aún está pendiente de resolución.

Pepperstone, por su parte, dejó en claro a través de un portavoz que esta disputa es estrictamente entre accionistas actuales y anteriores, no involucra al broker como entidad y no afecta sus operaciones ni a sus clientes.

Lo que este caso enseña sobre la venta de brokers

Las operaciones de compraventa de brokers son transacciones complejas que combinan valoraciones difíciles, expectativas de crecimiento futuro y estructuras de financiamiento poco convencionales. La figura del profit sharing, es decir, acuerdos donde el vendedor retiene derechos sobre las ganancias futuras durante un período determinado, es habitual en este tipo de salidas de capital privado. Pero este caso ilustra con precisión cuánto depende la certeza jurídica de la calidad de los documentos que se firman.

Un acuerdo verbal o una intención no plasmada correctamente en papel puede derivar en años de litigio y, finalmente, en condenas de nueve cifras. No es una advertencia abstracta: es lo que le ocurrió a una de las firmas de corretaje más reconocidas del mundo, aunque la empresa en sí no sea parte del conflicto. Para cualquier profesional de la industria que alguna vez esté del lado comprador o vendedor en una transacción de este tipo, la lectura es clara: la redacción del contrato no es un trámite administrativo, es la operación misma.